El proceso actual de ubicación de la infraestructura eléctrica representa una carga excesiva para las comunidades de justicia ambiental a lo largo de Massachusetts y la infraestructura propuesta podría agravar esta situación, esto según un nuevo análisis de la Unión de Científicos Conscientes (o UCS, por sus siglas en inglés) y las organizaciones Alternatives for Community and Environment (ACE), Conservation Law Foundation (CLF) y Raíces Verdes (GreenRoots en inglés). Según el informe, más del 80% de las unidades existentes de generación de electricidad a base de combustibles fósiles, con sus consecuentes riesgos para la salud y la seguridad, están ubicadas dentro o a menos de una milla de donde viven personas de color, personas de bajos ingresos y personas con un dominio limitado del inglés.
"Este análisis demuestra una vez más que las comunidades de justicia ambiental de Massachusetts han sufrido por décadas las consecuencias de una ubicación poco equitativa de la infraestructura energética, lo que conlleva a condiciones insalubres e inseguras en sus vecindarios, como por ejemplo la contaminación del aire", afirmó Paula García, autora principal del análisis, quien además es analista sénior de energía y líder de justicia energética de UCS. "A medida que nuestro estado se esfuerza por construir un futuro más limpio, los encargados de la toma de decisiones tienen la responsabilidad de evitar que las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color sufran consecuencias negativas adicionales. Esperamos que los líderes del Commonwealth tomen acciones para garantizar que nuestro estado desarrolle una red eléctrica más inteligente y justa que pueda beneficiar a todos".
El análisis, "Siting for a Cleaner, More Equitable Grid in Massachusetts (Ubicación de un sistema eléctrico más limpio y equitativo en Massachusetts)", examinó la distribución de las subestaciones y unidades de generación de electricidad, tanto existentes como propuestas, ubicadas dentro de los vecindarios de justicia ambiental de Massachusetts, así como en un radio de una milla y cinco millas de ellas.
Según la ley estatal, una población de justicia ambiental se define como grupos de cuadras del Censo (vecindarios en el análisis) en los cuales la media del ingreso anual de los hogares está muy por debajo de la media anual de todo el estado; el ingreso promedio anual general de los hogares de la comunidad no supera significativamente el promedio del estado; las personas de raza Negra y los latinos, asiáticos, indígenas americanos, nativos de Alaska, nativos de Hawái e isleños del Pacífico constituyen un porcentaje desproporcionado de la población; y/o una cantidad significativa de hogares carece de conocimientos del idioma inglés. Aquí encontrará una definición más detallada.
Los autores utilizaron datos de S&P Global para las unidades de generación existentes y propuestas, y los datos de Homeland Infrastructure Foundation-Level Data (HIFLD) para las subestaciones existentes. Además, los autores destacan que la falta de información específica en las propuestas de las empresas de servicios públicos respecto a la ubicación y los procesos de evaluación de más de 40 subestaciones propuestas plantea graves problemas de transparencia y podría ocasionar impactos adversos adicionales para las comunidades que han sufrido de forma desproporcionada por vivir muy cerca de centrales eléctricas contaminantes.
"Massachusetts está trabajando con la rapidez adecuada para desarrollar la infraestructura eléctrica que ayude a alcanzar objetivos importantes relacionados con el clima, pero el proceso actual de selección de las ubicaciones está perjudicando a las comunidades de justicia ambiental y es preocupante la falta de información al respecto", afirmó John Walkey, coautor del informe y director de justicia climática e iniciativas costeras de GreenRoots. "No está claro si se está dando prioridad a la equidad, la eficiencia o incluso la asequibilidad en la toma de decisiones. Desafortunadamente, la poca información disponible indica que la infraestructura eléctrica propuesta volverá a representar una carga desproporcionada para las comunidades de justicia ambiental. Los responsables de la toma de decisiones deben reconocer este patrón perjudicial y establecer una vía formal para que las necesidades de la comunidad sean prioridad en las decisiones que se tomen sobre su propio lugar de residencia."
Los legisladores de Massachusetts están considerando varios proyectos de ley que incluyen cambios en el proceso de ubicación de las instalaciones energéticas, algunos de los cuales dan prioridad a la equidad. Antes del 31 de julio se debe aprobar un proyecto de ley para reformar el proceso de ubicación de infraestructura o de lo contrario será necesario volver a presentarlo en enero para la sesión legislativa del 2025-2026.
Según los autores del estudio, los legisladores deben establecer requisitos para valorar la ubicación de infraestructura eléctrica que tome en cuenta la evaluación de los impactos acumulativos, además de crear vías para una participación oportuna y significativa de la comunidad, y acelerar los plazos de aprobación de los proyectos de energía limpia como la energía solar y eólica. Los autores opinan que, al poner las necesidades de la comunidad en un primer plano, se pueden evitar daños adicionales en los vecindarios de justicia ambiental, acelerar los plazos de aprobación de los proyectos de energía limpia, impulsar las inversiones hacia proyectos más inteligentes y de largo plazo, y en definitiva, beneficiar a todos los habitantes del Commonwealth.
"Con demasiada frecuencia se ha sacrificado la salud y el bienestar de las comunidades de color, los residentes de bajos ingresos y las personas que tienen un dominio limitado del inglés en las decisiones de ubicación de la infraestructura energética debido a políticas racistas y clasistas", dijo Caitlin Peale Sloan, vicepresidenta de CLF para Massachusetts. "Si damos prioridad a las voces de la comunidad al inicio de la toma de decisiones sobre la ubicación, Massachusetts puede reparar los errores del pasado y construir el futuro limpio que merecemos".
Los autores concluyen que las decisiones sobre la ubicación de la infraestructura energética deben dar prioridad a la salud pública, el cambio climático y la justicia ambiental. Esta es la única manera para que el Commonwealth facilite la transición a las energías limpias y maximice una amplia gama de beneficios para todos sus residentes, tanto ahora como en el futuro.
"Las decisiones que tomemos hoy en materia de infraestructura tendrán implicaciones profundas para las comunidades actuales y las futuras generaciones", afirmó Sofia E. Owen, abogada senior y directora de servicios jurídicos de justicia ambiental de ACE. "Históricamente, los residentes de las poblaciones de justicia ambiental han estado agobiados por el sistema de combustibles fósiles y son especialmente vulnerables a los continuos impactos negativos sobre la salud y la seguridad. Es fundamental que el futuro de la energía limpia que construyamos priorice las necesidades de estas comunidades por encima de los intereses de la industria. Esto beneficiará a todos y garantizará un acceso equitativo a un futuro más sano y seguro."